En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo histórico al determinar que ningún juez podrá emitir sanciones cuando el aborto se realiza con el consentimiento de la mujer o persona gestante. ¿A dónde apunta ahora esta lucha?

En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo histórico al determinar que ningún juez podrá emitir sanciones cuando el aborto se realiza con el consentimiento de la mujer o persona gestante. ¿A dónde apunta ahora esta lucha?

POR DIEGO SANTANA

La despenalización y la desestigmatización del aborto son luchas que, los grupos feministas y mujeres en defensa de los derechos humanos, han peleado con mayor fuerza en los últimos años. Esto, sin embargo, implica no solo un tema moral, religioso o social, sino que tiene un contexto sentado en las leyes mexicanas.

En el año 2017, en Coahuila, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos relativos al aborto que se encontraban en la legislación local.

“No se aprobó, pero en ese momento se le dijo a la Suprema Corte que lo que sucedía en el estado de Coahuila, el criminalizar a las mujeres por la interrupción del embarazo, era inconstitucional. Iba contra los derechos humanos de las mujeres”, dijo la abogada, especialista en género y derechos humanos, Yunuen Castillo Menchaca.

A pesar de la resolución de entonces, esta observación, estos argumentos, no quedaron de lado.

Cuatro años después, el 7 de septiembre de 2021, después de dos días de sesiones continuas, la SCJN aprobó la sentencia que dejó inválidos e inexistentes los artículos 195 y 196 del código penal coahuilense, que decían:

“Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciese abortar con el consentimiento de aquella”.

Esta decisión calificada como histórica por colectivas feministas, defensoras de derechos humanos hizo eco en las calles, en los mandatarios locales y en medios de comunicación nacionales e internacionales.

El Gobierno del Estado de Coahuila encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís difundió un comunicado oficial ese mismo día mediante redes sociales. En él señalan lo siguiente:

“Coahuila acatará esta resolución, que sienta un precedente en todo el País, pues al existir 10 votos en el mismo sentido se crea jurisprudencia. Todas las entidades federativas deberán observar el criterio emitido por la Corte para no criminalizar a ninguna mujer por la interrupción del embarazo”.

Al respecto, el diario The New York Times contrastó la decisión al señalar que de los 130 millones de habitantes del país, una gran parte es “ católico y conservador”.

El artículo firmado por Natalie Kitroeff y Oscar López añade que todo esto traza un camino directo para México se convierta en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto, pero que la resistencia también se hacía escuchar entre los políticos conservadores y la iglesia.

La exigencia se basa en el poder de decisión de la mujer, para determinar si quiere ser madre o no, sin ser estigmatizada o penalizada por su elección.


Y no se trató de opiniones infundadas.

Meses antes, en febrero de 2021, VANGUARDIA publicó que el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, hizo un llamado para terminar con la “cultura de la muerte” en la que incluyó el tema del aborto. Agregó que sobre este aspecto, “la visión será la tradicional de la Iglesia Católica. Promover la vida”.

El domingo 5 de septiembre, un día antes de la sesión de la SCJN, la diócesis convocó a sus feligreses a participar en una caravana denominada “Claxonazo x La Vida”. La idea era transitar por las principales calles de la ciudad y sonar la bocina de los autos para demostrar su rechazo ante el proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo.

Después del fallo de la corte, el 11 de septiembre, en ciudades como Saltillo y Torreón cientos de personas se congregaron en espacios públicos portando pañuelos azules. Tanto la Plaza de Armas como la Plaza Mayor escucharon consignas en pro de defender la vida antes del nacimiento, acompañadas de oraciones y cantos religiosos.

“Es una injusticia”, dijeron. “Es una imposición de ideología”, reclamaron. “Rompe la autonomía del estado de Coahuila”, se quejaron en grupo.

Mientras tanto, más allá de las posturas personales, ya se vieron las primeras consecuencias de lo estipulado por los magistrados.

El comunicado del gobierno de Coahuila precisó que la resolución de la corte implica efectos retroactivos, por lo que cualquier mujer que se encontrara privada de su libertad por el delito de haberto debía ser liberada inmediatamente.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que desde el 2015 y hasta septiembre de 2021, en Coahuila se han abierto 25 carpetas de investigación por aborto. La cifra real de mujeres en prisión, sin embargo, no se sabe.

“No se tienen datos de cuántas mujeres están en la cárcel por abortar, porque muchas de ellas fueron presas porque su proceso legal se tipificó con otro nombre, como por ejemplo, homicidio en razón de parentesco”, explicó la abogada Castillo Menchaca.

“Estamos hablando de que eso hace todavía más grande el delito. Por eso, muchas veces son mujeres que están cumpliendo una sentencia completamente injusta”, agregó.

El 8 de septiembre, VANGUARDIA consultó diversos a diversos especialistas en materia penal sobre esta situación, quienes advirtieron dos posibilidades. Una, escribe el reportero Armando Ríos, que el Ministerio Público ahora declare la no acción penal de las mismas. Y dos, continua, que para el caso de las que ya están judicializadas, no pueda haber efectos de vinculación o sentencia condenatoria.

Además, la especialista en género entrevistada or SEMANARIO precisó que  con la decisión tomada de la Suprema Corte de Justicia, se podrán desechar los casos exclusivos en el que las mujeres hayan practicado un aborto, así como la liberaración inmediata a todas las mujeres presas que estuvieran por aborto en el país.

En lo que va de 2021, en México se han registrado 432 casos tipificados como delito de aborto.

También podrán ampararse aquellas mujeres que fueron sentenciadas en otro lugar fuera de Coahuia, ya que, aunque la criminalización del aborto seguirá existiendo en los otros Estados de la República, si el caso llegua ante un juez, este no podrá juzgarlo porque la Corte dijo que es inconstitucional.

Antes de avanzar más, hay que hacer una precisión importante. Una que ha generado dudas. ¿La despenalización del aborto significa que está legalizdo? No. La despenalización no significa la legalización. Lo abordaremos a continuación.

Lo que implica que ya no sea un delito, y es necesario repetirlo, es que ningún juez podrá emitir sanciones cuando el aborto se realiza con el concentimientos de ellas y de las personas con capacidad de gestar.

“Si bien ya se modificó el código penal, y si bien, ya no está penalizado, todavía queda mucho por hacer. Aún no hemos ganado la batalla”, sentenció Yunuen Castillo.

La pregunta que surge ahora es: ¿Y ahora qué sigue?

Grupos feministas luchan desde hace años por la despenalización del aborto para que sea legal, gratuito y seguro.


Legal, Gratuito y Seguro.

Según Yunuen Castillo y otros expertos, el fallo histórico de despenalizar el aborto en México por parte de la máxima instancia judicial, aún no garantiza la legalización automática en todo el país.

Hay una gran diferencia entre los términos ‘despenalizar’ y ‘legalizar’: uno significa que ya no es delito abortar, mientras que el otro habla de un contexto más amplio en el que se hacen y modifican leyes para que el aborto sea legal, gratuito y seguro como cualquier otro servicio de salud al que se tiene acceso.

Es decir que el siguiente reto son las políticas públicas.

“El hecho de que se haya avanzado en su despenalización, no conlleva que el Estado proporcione las condiciones adecuadas a través de políticas públicas que pongan en el centro el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas”, argumentaron en su página oficial, Las Constituyentes MX Feministas, una organización política feminista y abolicionista de izquierda.

¿Qué dicen por su parte los representantes del Estado?

La diputada Luz Elena Morales Nuñez, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en el Congreso del Estado de Coahuila, dijo que tienen que esperar la notificación oficial por parte de la SCJN para reconocer el engrose. Es decir, el documento que contiene la resolución emitida por la Corte, en el que vienen los votos particulares que hizo cada Ministro.

Además de esto, la diputada señaló que la Corte reconoció que el personal médico puede abstenerse de realizar abortos bajo el derecho de objeción de conciencia, o lo que entendemos como el marco de creencias en materia ética, religiosa, y moral del personal médico calificado.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, señaló que los ministros ordenaron al poder Legislativo que se desarrollara una ley en torno a la objeción de conciencia, para que así no se pudieran negar los servicios de salud, particularmente el derecho al aborto.

El presidente también mostró su malestar al plantear que diversos grupos religiosos y conservadores han estado presionando al Tribunal para que se reconozca el derecho de objeción ilimitado, ya que, según Zaldivar, saben que ahí se acabaría el derecho de las mujeres a tener un aborto seguro.

“Reconocer un derecho que han conquistado las mujeres a pulso, para que después permitamos que su ejercicio quede en manos de objetores de conciencia y grupos políticos me parece inaceptable”, expresó el presidente ministro.

Según Yunuen, organizaciones feministas, y profesionales de psicología que atendieron a mujeres que se enfrentaron a la negativa del personal médico para interrumpir su embarazo coincidieron en que, por desconocimiento y por cuestiones morales, se les impidió el derecho a abortar.

“Ahorita las resoluciones ya se discutieron, incluyendo la objeción de conciencia, entonces solo queda esperar los engroses, es decir, las resoluciones con los votos y comentarios que cada uno de los ministros hizo, porque al final de cuentas, estos servirán para la interpretación de la ley. Sin embargo aún no se tiene fecha exacta.”, mencionó Luz Elena.

Por su lado, Yunuen Castillo dijo que es importante establecer mesas de trabajo para hablar de una armonización legislativa completa e integral, para garantizar que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

“Si bien es una tarea que le corresponde al Congreso, también considero que es una tarea comprendida de manera integral por todas las instituciones de gobierno, de salud, de colectivos, de educación, de familia” sostuvo.

Un asunto de salud pública urgente

De acuerdo con datos de 2020, entre 750 mil y un millón de mujeres se realizaban abortos clandestinos. Esto hizo del borto, la cuarta causa de muerte materna en México, según datos del Observatorio de Muerte Materna.

“En términos de salud, debemos esperar las resoluciones para saber qué reformas se tendrán que hacer a la ley de salud. La Secretaria de Salud federal tendrá que ajustar sus normas, referentes al trato que deben de tener las pacientes cuando se tiene un aborto voluntario o involuntario, así como marcar los parámetros de la gratuidad del servicio”, comentó la diputada Morales.

En 2021 la colectiva Matatena AC, encargada de acompañar a niñas y adolescentes embarazadas, publicó su primer informe de maternidad infantil y adolescente en Coahuila, dejando ver que más allá de los números y cifras, la cantidad de niñas gestando y pariendo era preocupante.

El tema del aborto ha movilizado también a grupos conservadores quienes aseguran proteger la vida, pidiendo que se detenga la penalización.


Según el Código Penal del Estado de Coahuila, cualquiera que realice cópula con una persona de cualquier sexo, y menor de quince años de edad, es considerado violación equiparada.

En México, y con base a la encuesta de Natalidad realizada por el INEGI, en el 2019 se registraron 9 mil 948 nacimientos de niñas y adolescentes madres de 11 a 19 años. Tan solo en Coahuila, de 68 nacimientos, 48 corresponden a niñas madres en los que 4 de ellas tenían la edad de 10 años, y 20 de ellas, fueron de adolescentes de 15 a 19 años.

Cyntia Moncada, coordinadora del informe, comentó que “nuestra sociedad criminaliza el aborto a tal punto en que no se permite que las niñas y adolescentes embarazadas puedan acceder a él, ni si quiera en aquellos casos donde éste es un derecho garantizado por normas y legislaciones”.

Además sentenció que se les juzga con prejuicios por parte de grupos religiosos, personal médico, educativo y del propio sistema patriarcal, mismo que criminaliza a las niñas pero no al perpetrador ni a la violencia de las que son víctimas.

“Estamos hablando de niñas que ninguna debería convertirse en madre, porque el origen es un delito que menoscaba su dignidad y todos sus derechos”afirmó Moncada.

En 2019, en Coahuila se registraron 221 nacimientos de niñas de 11 a 14 años de edad, en donde el promedio prevaleció en los 14 años con 178 nacimientos.

En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, se registraron 9 mil 727 nacimientos, en donde el promedio prevaleció en los 19 años con 3 mil 106 casos.

Pero si algo es alarmante dentro de estas cifras, son las edades de los progenitores, las cuales, en las niñas de 11 a 14 años, abarcan edades de los 12 a los 45 años, siendo el promedio, mayores de 18 años.

Y en las adolescentes de 15 a 19 años, hablamos de progenitores de entre 13 a 66 años, con un promedio de edad de 21 años.

“Se expone esta problemática porque las niñas y adolescentes están siendo parejas sexuales de hombres mayores de edad, en el que muchos de los casos corresponden al delito de estupro o violación, y que no se ha denunciado como tal”, puntalizó el colectivo.

En posición a esto, se presenta que en Coahuila, según datos de la Secretaría de Salud, la violencia sexual contra la mujer se concentra en la infancia y la adolescencia con el 70% de denuncias al Ministerio Público. El 48% correspondiente a adolescentes entre 15 y 19 años; 11% a niñas entre 10 y 14 años, y otro 11% a jóvenes de 20 a 24 años.

Solo en 2019, fueron 788 niñas y adolescentes agredidas, según datos registrados a través de denuncias oficiales al Ministerio Público.

El colectivo hace un llamado general a preguntarse: ¿Cuántas de las agresiones sexuales hacia niñas y adolescentes no se denunciaron y terminaron en maternidad forzada? ¿Cuántas habrán optado por un aborto clandestino?

En el país existe la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, que establece que las instituciones de servicios médicos, están obligadas a ofrecer anticoncepción de emergencia y, en caso de embarazo por violación, se debe presentar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, en 2019, en el Estado sólo se prestó la atención a 29 niñas y adolescentes que accedieron a la NOM-046, de los 788 avisos al Ministerio Público.

Esto habla que, según testimonios de adolescentes al colectivo, han optado por abortos clandestinos ante el desconocimiento de la norma, el miedo de ser criminalizadas y la mala atención por parte de las instancias de salud.

El informe recalca que es urgente incluir al Sector Salud, público y privado, en la atención a las víctimas de violencia, pues hay testimonios en los que las niñas acuden con sospecha de embarazo, y lejos de brindarles información oportuna, se les revictimiza y se pierde tiempo valioso para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.


Con base a las estadísticas del INEGI, IPAS México explicó que los embarazos infantiles y adolescentes no siempre son voluntarios entre pares, sino que son niñas que fueron obligadas por adultos a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza o el chantaje, manipulación y amenazas.

En los colectivos que forman parte de la Red Aborto Seguro Saltillo y el Frente Feminista de Saltillo, aseguraron que en 2020 se elevaron las solicitudes de acompañamiento por parte de mujeres que deseaban interrumpir su embarazo.

En los últimos tres meses (junio, julio y agosto) se duplicaron los llamados de mujeres que buscaban ayuda para abortar a comparación del primer trimestre de este año. Así, en vez de ser los 25 casos que pedían ayuda, pasaron a ser hasta 50.

La mayoría, por cierto, había sido rechazada por el sector médico.

“Tenemos que lograr que sí, los médicos tengan su derecho de objeción de conciencia, pero que también las instituciones de salud pública puedan garantizar los servicios de aborto porque es el derecho de las mujeres”, resaltó Luz Morales.

La maternidad será deseada o no será

“¡Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país! ¡Libertad inmediata a todas las mujeres por abortar! ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡La maternidad será deseada o no será!”, son exclamaciones que se pueden leer en el pronunciamiento político de las Consituyentes MX Feministas.

Al ser consultadas para este reportaje, la organización afirmó que en Coahuila, han surgido varios movimientos pro vida, de ultraderecha, que les han mandado mensajes, argumentando que las feministas, y mujeres que, en su momento han decidido abortar, “son brujas, asesinas, anticristos”.

Yunuen Castillo Menchaa, quien además de ser especialista en género también está al frente de las Constituyentes MX Feminist lamentó esta situación:

“Seguimos hablando de que aún hay una carga muy pesada de estereotipos, de constructos, de criminalización. A mí me parece inconcebible pensar que una mujer pueda ir a la cárcel por decidir interrumpir su embarazo, cuando hay violadores y feminicidas que están libres en nuestro país”.

La abogada consideró preocupante que en pleno siglo XXI se relegue a mujer a un rol meramente reproductivo, donde ser madres se considera una obligación. Esto implica, asegura, que cuando una decide no serlo se asume como la falta a un deber, a una responsabilidad.

El colectivo “Acompañantes Laguna” de la ciudad de Torreón, comentó que es una lucha que requiere de mucha sensibilización, y concientización. Asimismo, animó a las personas a recordar un factor que, dicen, suele pasarse por alto: lo menos que una mujer quiere, sin importar su edad, es abortar.

“No nos embarazamos para abortar. Por supuesto que no. El proceso de una mujer que quiere interrumpir el embarazo, así como el proceso de una acompañante, es muy difícil emocional y físicamente en todos los aspectos”, dijo una mujer de 24 años, miembro del colectivo, quien prefirió no dar su nombre debido a los mensajes ofensivos que reciben.

La mujer, destacó que lo que ellas quieren es ser escuchadas. Quieren que se deje de legislar sobre sus cuerpos como si fueran dueños de estos y sus decisiones.

“Necesitamos libertad, autonomía, pero también las condiciones adecuadas para vivir de una manera digna y libre de violencia”, concluyó.

No hay que olvidar que, además del aborto, el movimiento feminista lucha por la erradicación de otro tipo de violencias como los feminicidios.


Y este estigma no solo involucra a las personas que prefieren el anonimato. Porque esta es una reacción frente a un acto violento.

“Nos juzgan mucho por nuestro pañuelo verde. Pero muchos no saben que es un mensaje político. Lo personal es político. El hablar de nuestros cuerpos, del aborto, de nuestros derechos, de cargar un pañuelo verde. Todo es político, porque justo, queremos ser escuchadas”, dijo la activista Yunuen.

Con base a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con el mayor número de embarazos adolescentes, siendo el embarazo no planeado el que mayor registro se tiene. Cada año estiman 340 mil nacimientos, cuyas madres son menores a los 19 años de edad.

Actualmente, la lucha por la despenalización y la legalización del aborto, continúa.

“Ya hemos esperado bastante por esto. No falta mucho para que la marea verde llegue a todo el país. No te puedo decir qué día, mes, año, pero estoy segura que pronto, muy pronto”, sentenció Luz Elena, con una sonrisa en el rostro.

Hoy hace falta que los Congresos de cada ciudad saquen de sus códigos penales aquellos referentes al aborto, pero también, es necesario que las Secretarias de Salud a nivel local, destinen presupuestos, recursos económicos y humanos, para que el ejercicio al derecho a la salud y a la autonomía sexual y reproductiva se pueda garantizar plenamente.

En su mayoría son mujeres jóvenes quienes han impulsado las actividades de las diferentes colectivas.


Fotografía: Omar Saucedo
Ilustración: Edgardo Barrera

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.